Médicos del Mundo en Balears alerta contra la criminalización de las "víctimas de las mafias"
I. MOURE. CALVIÀ.
La patronal del comercio turístico Acotur se personará en los tribunales junto al ayuntamiento de Calvià cuando la institución municipal acuda a la vía penal para perseguir el ejercicio de la prostitución. Los comerciantes aseguraron ayer que adoptan esta decisión por el "fuerte malestar y tensión" que causa la presencia de prostitutas en las calles del término, sobre todo en Magaluf (Punta Ballena) y Santa Ponça (Ramon de Montcada).El responsable de Acotur, Pepe Tirado, explicó que como patronal se sumarán a las causas judiciales que se inicien contras las trabajadoras del sexo cuando éstas sean acusadas de agresión o robo. Tirado informó de que en las últimas semanas ha registrado denuncias ante el ayuntamiento de Calvià y la Delegación de Gobierno en Balears para alertar de la preocupado que está el sector ante la "molestia permanente que ocasionan estas prostitutas y su proxenetas a turistas y vecinos". En el municipio, existe una ordenanza de 2004 para perseguir la prostitución que se practica en la calle. El motivo que alega el Consistorio es que la venta de servicios sexuales es una actividad económica ofertada sin licencia de actividad y, por tanto, ha de ser prohibida. La normativa no sólo permite imponer multas a las prostitutas, sino que también, si se produce un reiterado incumplimiento de las advertencias municipales, prevé la posibilidad de acudir a la vía penal por un delito de desobediencia a la autoridad.
Víctimas de engaño
Las prostitutas que hay en Calvià son de origen subsahariano y la mayoría de ellas son víctimas de mafias que las engañan desde sus países de origen y las obligan a saldar en España una deuda muy elevada por el viaje (de hasta 15.000 euros en algunos casos), según recordaron ayer desde la asociación Médicos del Mundo en Balears, que ofrece un servicio de apoyo a las trabajadoras del sexo. La vocal de Derechos Humanos y Género de la junta directiva de Médicos del Mundo en Balears, Toñi Fernández, lamentó que la ordenanza de Calvià "penalice a las víctimas de una explotación". En este sentido, argumentó que "ni una sola" de las mujeres que ejercen la prostitución está conforme con su oficio. "Lo viven como una agresión a su cuerpo. La mayoría tiene cargas familiares y dice que es una situación provisional. Todas quieren dejar la profesión", detalló.En su opinión, el fenómeno de la prostitución hay que abordarlo de forma integral. "Hay prostitutas, porque hay clientes. Si no, no estarían allí. Es absurdo decir que las prostitutas espantan a la clientela. Sería mejor que se planteasen por qué Calvià tiene este tipo de clientes, un turismo de alcohol y sexo", declaró Fernández.
Vía penal, en cuestión
Respecto al hecho de que el Ayuntamiento contemple el recurso a la vía penal para perseguir a las trabajadoras del sexo, desde Médicos del Mundo se sostuvo que es una medida que carece de lógica al tratarse de una mera sanción administrativa. Una argumentación que ya recogió recientemente una sentencia de la Audiencia de Palma. La resolución judicial anuló una condena impuesta a una mujer de origen africano que fue sancionada por no acatar la ordenanza municipal. El magistrado cuestionó que un consistorio acuda a la figura penal de la desobediencia para castigar con penas de prisión determinadas conductas.
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